50 niñas violadas por El Patrón y el Parque Tayrona: infancias molidas en grandes negocios

Por Azalea Robles

"'El Patrón' era como el rey, y entregarle una niña era igual que llevarle una gallina”

Las niñas eran llevadas a fiestas en las que El Patrón seleccionaba a sus víctimas. Niñas sacrificadas en el altar de la codicia: entregadas a la herramienta paramilitar que funciona con la impunidad garantizada por los sucesivos gobiernos que la utilizan para despojar. Detrás de los beneficios de las multinacionales hay destrucción social, niñas esclavas, torturas, e impunidad.


“El ejército nos bajó del autobús. Al muchacho que estaba conmigo lo mataron. A mi me violaron entre nueve soldados. (…) Cuando llegué a Dabeiba, estaban los paramilitares. El comandante paramilitar me violó (…) A una le toca quedarse callada… Cuando entra el ejército me vuelven los pensamientos que me va pasar lo mismo.” (1). El feminicidio y la violación sexual aumentan dramáticamente al amparo de la impunidad para los crímenes de Estado. La impunidad de la que goza la Fuerza pública le da carta blanca para violar, y el empleo de la violación como mecanismo del terror conforma a una Fuerza Pública habituada a prácticas genocidas.

OXFAM revela que en Colombia : “489.687 mujeres fueron víctimas de violencia sexual desde 2001 hasta 2009: un promedio de 6 mujeres, cada hora” (2); en otro informerefiere que el 81% de las violaciones a DDHH de las mujeres se atribuyen al ejército y la herramienta paramilitar: “se atribuye el 58% a paramilitares, el 23% a fuerzas públicas, el 8% a las guerrillas y en el resto se desconoce al autor.”(3). Estas cifras evidencian que hay un sistematismo de las violaciones de DDHH de las mujeres por parte de la fuerza pública y del paramilitarismo: los porcentajes que les corresponden son altísimos, y no reflejan sino una pálida parte de la realidad dado que denunciar a la fuerza pública es un verdadero acto heroico en razón de los riesgos de muerte para los denunciantes al enfrentar el engranaje de todo un estado abocado a la impunidad. Tras cada denuncia de violación se esconden las que nunca serán denunciadas por miedo, y la renuencia a denunciar se agrava cuando los victimarios son fuerza pública: denunciar a la fuerza pública tiene el agravante de que la víctima denunciante tiene que remitir su denuncia a las entidades estatales, parte del mismo estado que la fuerza pública. Lamentablemente, en la casi totalidad de los casos, las denuncias efectuadas quedan en la impunidad, y varias denunciantes sufren asesinatos: hay un aparato estatal y para-estatal de impunidad, y no escatima en eliminar testigos y denunciantes.

La privatización y precarización del sistema educativo y la desvalorización de la mujer promovida por los medios masivos de comunicación a la par que exaltan los valores machistas, abonan el terreno para el maltrato. La impunidad para crímenes de estado define la banalización de la sevicia y el aumento exponencial del feminicidio. “Las estadísticas tomadas de Medicina Legal, la Fiscalía y la Policía, muestran una disparada de la violencia sexual contra las mujeres: de 31.659 casos en el 2004 a 54.192 en el 2009. Lo más aterrador es la presencia de feminicidios. Y en una buena parte de ellos, los responsables son soldados o policías” (4).


1. Las 50 niñas violadas por ‘El Patrón’


Las violaciones y asesinatos de niños se han convertido en el pan de cada día en el marco de la impunidad total para el Terrorismo de Estado: los violadores reinciden decenas de veces, habitando la misma zona, viviendo en las mismas haciendas; campean a sus anchas y hay quienes incluso son famosos por hacerse llevar niñas vírgenes a sus casas, durante años. Sin que la fuerza pública haga algo al respecto. No son casos aislados, se trata del margen de acción que les es permitido a aquellos que están amparados en la impunidad que les brinda el mismo estado: son políticos, latifundistas, militares y paramilitares, todos ellos son intocables por la “justicia” colombiana, pues los que los denuncian y los jueces que abren expedientes en su contra corren la misma suerte que la jueza Gaona (5). Gaona llevaba el caso de los niños violados y asesinados por el ejército en Arauca; y había rechazado el “vencimiento de términos” y las maniobras dilatorias de la defensa militar. Fue asesinada en marzo de 2011 por un sicario a plena luz del día en el centro de uno de los departamentos más militarizados de Colombia, a escasos metros de un puesto de la fuerza pública. El sicario huyó a pie (6). Pocas son las víctimas que se atreven a denunciar las violaciones sexuales a manos de paramilitares o de la fuerza pública porque podría ser alto el riesgo de que la misma fuerza pública ‘delate’ sus denuncias a sus victimarios, incluso antes de proceder a abrir un expediente judicial. Se estima que detrás de cada denuncia adelantada se esconde el grueso de las denuncias que no se efectuaron por temor: “Poner la denuncia y decir que el Ejército hizo eso conmigo es como decir que yo voy a buscar el camino a la muerte” (7). El carácter exponencial de las violaciones de niñas y niños en Colombia crece cada día amparado en la impunidad que le otorga a la fuerza pública y a sus cómplices el derecho de Pernada.


El Jefe Paramilitar Hernán Giraldo alias ‘El Patrón’reconoció que tuvo 24 hijos con niñas menores de 14 años en la Sierra Nevada de Santa Marta (8). "'El Patrón' era como el rey, y entregarle una niña era igual que llevarle una gallina"(ibídem). El jefe paramilitar abusó de al menos 50 niñas. Ninguna sobrepasaba los 15 porque -según los mismos paramilitares- "las mujeres mayores lo salaban” (Ibíd. ).Las niñas eran secuestradas y llevadas a fiestas en las que este seleccionaba a sus víctimas. El Patrón fue intocable durante años porque hacía las labores de guerra sucia que beneficiaban al gran capital y ayudaba a diferentes políticos, como lo expresó ante la fiscalía en septiembre 2007: dijo que José Francisco Zúñiga (9) fue alcalde de Santa Marta apoyado por el paramilitarismo; que a Trino Luna lo apoyaron para gobernador del Magdalena; también señaló de connivencia paramilitar a los políticos Enrique Caballero Aduén, Darío Sarabia y Salomón Saade (10). Relató los nexos del bloque paramilitar Tayrona con la Fuerza Pública y empresarios: con el coronel Enrique Peralta Walker, comandante del batallón Córdova, y con el empresario Jorge Gnecco, hermano del ex gobernador del Cesar Lucas Gnecco. Relató que la Policía les indicó personas señaladas de ser informantes de la guerrilla para que las asesinaran. Alias ‘El Patrón’, funcional a la estrategia del terror de estado y del gran capital, encabezó miles de asesinatos, torturas, desmembramientos, desapariciones forzadas: reconoció haber hecho desenterrar de las fosas en las que sus hombres sepultaron a sus víctimas, a centenares de ellas que fueron lanzadas a los ríos, para borrar toda huella de su existencia. ‘El Patrón’ fue extraditado el 13 de Mayo de 2009 a EEUU, en lo que las víctimas llaman “la extradición de la verdad”: al extraditar a los Jefes paramilitares se hace aún más remota la posibilidad de conocer el destino de sus víctimas, y conocer los nombres de los grandes comanditarios del genocidio. Con la extradición de varios Jefes paramilitares el estado colombiano ha garantizado gran parte del silencio. Hoy las renovadas caras de la herramienta paramilitar, los mismos latifundistas de siempre, y los inamovibles militares siguen gozando de plena permisividad.
Entre el 2001 y el 2002 14 mil personas descendieron forzadas de la Sierra Nevada de Santa Marta, huyendo de masacres al mando del paramilitar ‘El Patrón’, en uno de los mayores desplazamientos forzados de poblaciones de Colombia. Por amenazas paramilitares se asentaron en Ríoancho (La Guajira) y el Calabazo (Magdalena). Miles de campesinos y alrededor de 500 indígenas koguis, wiwas y arhuacos se convirtieron en "el escudo del Tayrona". Eran custodiados por la herramienta paramilitar para que se quedaran allí: todo el tiempo estuvieron en la carretera, dormían a la intemperie, todo a ojos de la fuerza pública. La Sierra Nevada de Santa Marta ha ido a parar a manos del latifundio y multinacionales que lograron despojar a los nativos mediante masacres.

2. Desplazamiento forzado para beneficio multinacional: los Patronos de la guerra


Colombia tiene 4,9 millones de personas desplazadas, según el último informe de CODHES: es el país del mundo con mayor número de desplazados, junto con Sudán (11). Los desplazamientos masivos de poblaciones obedecen a una razón: vaciar de habitantes y de reivindicaciones las tierras codiciadas por las multinacionales, ya sean mineras, del agro industrial, o de otro rubro. Esto lo han denunciado las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas víctimas de la voracidad del Gran Capital. El desplazamiento forzado de poblaciones en Colombia es provocado por masacres dirigidas intencionalmente contra la población civil, y no tanto por “la bala perdida” como quiere hacerlo creer la falsimedia que busca diluir la realidad en un magma confuso para eliminar las responsabilidades concretas del latifundio y del poder multinacional. Hay una planificación del desplazamiento poblacional, no es algo aleatorio: las zonas vaciadas de población coinciden con las zonas de alto interés económico y con las zonas en las que previamente hubo un tejido social organizado y fuerte. Se aplica contra la población civil la estrategia de la “tierra arrasada”que aplicaron los marines estadounidenses en Vietnam arrasando poblados enteros para impedir el apoyo popular al Vietcong. Es la misma estrategia que aplicaron en El Salvador y Guatemala. Bajo el rótulo del “fuego cruzado” y “la bala perdida” los mass media y la USAID pretenden disfrazar la realidad: los más grandes desplazamientos poblacionales en Colombia han ocurrido provocados por masacres directamente efectuadas contra la población civil por la herramienta paramilitar y el ejército, mascares con motosierras y listas de personas a ejecutar en la plaza pública.
Hay casos tan flagrantes y planificados como la masacre de Mapiripán: en la que los paramilitares fueron llevados en aviones Antonov y DC3 de un departamento a otro, y trasladados en camiones del ejército, al sitio de la masacre (12). Allí estuvieron masacrando, violando, cortado cabezas durante 10 días, mientras el ejército impedía que entrara o saliera nadie del sitio de la Masacre. Debido al cerco del ejército nadie pudo darle auxilio a la población. 60 personas fueron asesinadas en Mapiripán: sometidas a toda clase de torturas. Según lo confesó el General Uzcátegui en una grabación: “¿sabe qué hizo la Brigada militar Móvil 2? Colocó un colchón de aire o de seguridad para que salieran los paramilitares. Esto es gravísimo y es un secreto (…) el ejército no sólo tiene vínculos con los paramilitares, no sólo no los combatió, sino que combatió a las FARC para que las FARC no golpearan a los paramilitares” (Ibíd. ). Dicho por el propio General Uzcátegui: mientras los paramilitares descuartizaban a civiles en Mapiripán, el ejército les garantizaba la labor combatiendo a las FARC que intentaron romper el cerco militar bajo el cuál los paramilitares torturaban a los campesinos; pero el cerco era una operación con planchones sobre el río, retenes, y aviación. El ejército garantizó que la masacre durara y comprendiera las torturas más aberrantes: no era “una bala perdida” era una operación de Terrorismo de Estado dentro de la estrategia de tierra arrasada en la zona de los llanos orientales, en la que estuvo envuelta la asesoría estadounidense. El Obispo del Guaviare testimonió : “Pasaron varios camiones con alrededor de 120 hombres de civil sin armas, después de pasar por el batallón salieron con uniformes y armados, continuaron su rumbo por tierra hacia un sitio denominado “Charras”; otro grupo de paramilitares también se desplazó hasta “Charras” pero lo hizo por el río Guaviare, pasando por el punto de control militar sobre el río, conocido como el Barranquón” (Ibíd. )

3. Crímenes de Estado que configuran genocidio: masacres, desaparición forzada, violaciones

Estas masacres continúan en el 2011: la ONU denunció un incremento de 40% en las masacres en el último año (13). En cuanto a la desaparición forzada, la ONU reconoció, en mayo de 2011, la existencia de al menos 57.200 personas víctimas del crimen de desaparición forzada, aclarando que muy probablemente son muchas más las víctimas: el crimen de estado de la desaparición forzada tiene en Colombia dimensiones escalofriantes, las cifras de desaparecidos de la “democracia” colombiana superan incluso las cifras de las dictaduras del Cono Sur, las víctimas buscan a cientos de miles de desaparecidos (se estiman en 250.000) (14). Medicina Legal informó de 38.255 desapariciones forzadas ocurridas en el lapso de solo 3 años (Ibíd. ). La desaparición forzada, como la violación sexual, cumple la función de inyectar terror en las comunidades, siendo empleada sobretodo contra opositores políticos, sindicalistas, estudiantes, ambientalistas, sociólogos y todo aquel o aquella que alce un reivindicación social. También se extiende el crimen de desaparición forzada contra mujeres que son desaparecidas tras ser violadas y contra los campesinos víctimas de los asesinatos de civiles mal llamados “falsos positivos”. El CINEP publicó, en mayo 2011, un informe en el que señala que los asesinatos de civiles a manos de militares han aumentado bajo el gobierno de Santos. Los mal llamados “falsos positivos” son asesinatos de civiles perpetrados por los militares para disfrazar los cadáveres de “guerrilleros abatidos en combate”, y recibir prebendas y permisos por cadáver presentado (15).

Reseñaré aquí sólo dos de las masacres con sevicia extrema cometidas contra la población civil por la herramienta paramilitar, en el 2011. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado denuncia una masacre cometida el 11 de febrero de 2011 por paramilitares: “Luz Marina Roa Alfonso fue asesinada, junto con Luz Mery Roa Roa, Vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal, y la menor Sorith Juliet Alfonso Roa de tan solo 5 años, quien fue degollada y sus manos fueron cortadas. Asesinaron a dos trabajadores. Fueron degolladas a machetazos (…) persiste la presencia de grupos paramilitares y la zona se encuentra controlada por el Ejercito Nacional, a pesar de esto se comenten crímenes de lesa humanidad.” (16). La segunda la denuncia la Corporación Justicia y Dignidad: “El domingo 6 de marzo de 2011 paramilitares asesinaron en su vivienda a la anciana indígena Leopoldina Valencia Güegüe, de 70 años de edad. Le propinaron 3 impactos de fusil en su cara que la dejaron desfigurada. El resto de ocupantes de la vivienda se escondieron debajo de la cama, en tanto que los agresores con arma blanca destruían las mamas, los brazos y las manos de la anciana”(17)

Las violaciones colectivas son un mecanismo de inyección de terror y desplazamiento: “Llegaron los paramilitares, congregaron a todos, pusieron música y empezaron a beber (…) violaron a algunas mujeres, dieron muerte a unas cuantas personas y bailaron. Obligaron a las mujeres a cocinar… violaron a las jovencitas. La fiesta se prolongó cuatro días. Los cadáveres empezaron a pudrirse. Quemaron a algunos de ellos para que no se pudieran identificar. Oímos sobrevolar a un helicóptero pero no pasó nada hasta el cuarto día. Los paramilitares se quitaron los pasamontañas y dijeron que había llegado el ejército. Entonces vinieron automóviles, fiscales y personas de la Cruz Roja. El ejército estaba impidiendo la entrada al poblado mientras se producía la matanza.” (18)


Las violaciones son un mecanismo de terror empleado contra dirigentes sociales, se trata de acallar la oposición política: “La niña de 13 años, hija de Martha Olaya, dirigente sindical e integrante de la ANMUCIC, fue violada y muerta en Monteloro por miembros del ejército. Las fuerzas de seguridad mostraron el cadáver vestido con ropas de uso militar, para dar la impresión de que era una guerrillera muerta en combate. Al funcionario de medicina legal que le practicó la autopsia lo mataron una semana más tarde.” (19)

Tras los desplazamientos ocasionados por el terror de las masacres y las violaciones colectivas, las condiciones de miseria de las personas desplazadas acarrean más sufrimiento y violación de sus DDHH:“Llegaron 500 paramilitares a la aldea… nos amenazaron y se llevaron a las mujeres (…) Mataron a muchachas, chicos, hombres y mujeres. No se nos permitió recogerlos y los perros se comieron los cadáveres. Ahorcaron a algunos niños y mutilaron los órganos sexuales de los cadáveres. Violaron a muchas mujeres (…) Hoy vivo en las afueras de Cartagena; las condiciones son muy malas ya que el lugar está inundado casi siempre; por la noche tengo que atar a los niños a la cama para que no caigan al agua.” (Ibíd. Página 25)

4. Oro, megaminería multinacional y desplazamiento forzado: violaciones para aterrorizar


Mientras lee este artículo, la situación de las mujeres y niñas colombianas se agrava de forma dramática en las zonas ricas en minerales y codiciadas por multinacionales y latifundio, pues el terror es utilizado para desplazar comunidades, y la violación forma parte de la estrategia de terror para generar desplazamiento y control social. Las comunidades afrodescendientes del Pacífico (PCN) denuncian que: “las violaciones sexuales a las niñas y adolescentes se han incrementado de forma alarmante”(20), esto en medio de la avanzada de la explotación minera multinacional, y de megaproyectos de agro industrial: “En este momento están ingresando retroexcavadoras ilegales que tienen como fin la explotación de oro a gran escala, lo que genera un daño ambiental grave, además generan desplazamiento y muerte. Estas retroexcavadoras vienen custodiadas por hombres armados quienes afirman que aquellos que se interpongan o traten de impedir el ingreso de estas maquinas serán asesinados. (…) quieren apropiarse de este territorio por la riqueza mineral” (21). Tras el desplazamiento las comunidades se asientan en los barrios periféricos de las ciudades, en los que continúa el control y terror social militar- paramilitar, y se degrada el tejido social: “En nuestra comunidad, niñas entre los 9 y 13 años de edad están embarazadas por primera vez, y ya entre los 13 y 15 años, son madres de dos hijos, y de 14 a 17 años tienen de 3 a 4 hijos, como consecuencia de violaciones ejercidas por sus padrastros, vecinos e integrantes de grupos armados (…) La desaparición forzada seguida de la violación sexual y el asesinato con sevicia, es una constante en los barrios y en zonas rurales. Se conocen casos de violación sexual de niñas de 2 a 7 meses de edad, y es escalofriante el de una niña de 3 meses de nacida que fue totalmente desmembrada. Esta situación obliga a las madres a estar confinadas en sus casas por miedo a dejar a sus hijas solas, ya que las menores corren el riesgo de ser raptadas y desaparecidas. También se conocen casos en los que niñas y niños pequeños, obligados a practicar sexo oral a los violadores, tienen graves lesiones e infecciones bucofaríngeas. (… ) En esta semana, reportes comunitarios afirmaron que entre jovencitas y niñas, 7 están desaparecidas. Dos fueron encontradas violadas y asesinadas y del resto, corren rumores de estar enterradas(…) Y mientras se escribe este comunicado, llega un plegable, buscando a otra niña desaparecida desde el jueves 19 de mayo (2011) (…) Ante el escalamiento de las violencias contra las mujeres y niñas, hasta ahora, ningún organismo estatal se ha apersonado de esta grave problemática.”(ver 20) Las comunidades exigen: “las investigaciones necesarias para superar la impunidad de estos crímenes.” (Ibíd.)

5. Los Patronos del Parque Tayrona: cómo se entrega un parque natural a aquellos que lo han asolado

El Parque Tayrona, uno de los ecosistemas más hermosos del planeta, es ofertado a la empresa privada y al turismo por las modificaciones legales de la administración de Uribe y Santos. Las masacres de la herramienta paramilitar se ocuparon de desplazar a miles de habitantes de las tierras codiciadas. Los Jefes paramilitares, como premio por sus “servicios” al gran capital, hacen grandes negocios. Según el jefe paramilitar ‘El Canoso’ la empresa Aviatur del magnate francés que hoy gestiona el Parque Tayrona obtuvo la licitación en asociación con varios jefes paramilitares, entre los cuales alias ‘El Patrón’. José Gélvez Albarracín, alias ‘El Canoso’, del bloque paramilitar Tayrona de las AUC, confesó en abril 2011 a la fiscalía de Justicia y Paz cómo se organizó el consorcio entre paramilitares, parapolíticos y el empresario del turismo, Jean Claude Bessudo (22).‘El Canoso’ expresó que la sociedad de los paramilitares con Aviatur para administrar el Parque Tayrona se hizo a través de una sociedad llamada Alnuva y se concretó en la oficina de Bessudo a comienzos del 2005. Declaró: “Empezamos una etapa de llenar el formulario, de presentarlo, Nacho [Ignacio Rodríguez] tenía muy buenas relaciones con los hijos del doctor Uribe, con Jerónimo y Tomas y entonces logramos que entráramos en este pliego a concursar con una empresa que es del señor Bessudo que era Aviatur.” (Ibíd.).

El 31 de enero del 2004 los paramilitares asesinaron a Marta Hernández Turriago, la directora del Parque Tayrona, porque no aceptaba entregarles un porcentaje de lo recaudado y había denunciado que los paramilitares sacaban drogas utilizando rutas dentro del parque(23). El 4 de julio de 2005, el Gobierno entregó en concesión por 10 años el parque Tayrona a una Unión Temporal Parque Tayrona conformada por Aviatur, del empresario francés Bessudo, la Cámara de Comercio y la sociedad Alnuva. El parque tiene una extensión de 25.000 hectáreas (íbid.) Según ‘El Canoso’ el negocio comenzó entre él, Héctor Ignacio Rodríguez, alias ‘Nacho’, y los jefes paramilitares ‘El Patrón’ y su sobrino Nodier. Rodríguez había sido elegido con el apoyo de los paramilitares concejal de Santa Marta; fue posteriormente extraditado, cumplió tres años de prisión en EEUU y desde el año pasado se encuentra en Santa Marta (Ibíd.). También se asoció el gobernador Trino Luna, posteriormente detenido por parapolítica. Elías George, representante legal de Alnuva, y representante de una empresa de telefonía móvil y de una aerolínea, fue otro socio. (Ibíd. ) Su entrada al parque se hizo tras desplazar a miles de campesinos e indígenas y expulsar a docenas de familias que se ganaban la vida como operadores turísticos, venta de artesanías y como guías.


La Fiscal de Justicia y Paz indagó sobre los pormenores de la licitación, preguntándole a alias ‘El Canoso’:“¿Hubo algún manejo de la licitación para que le quedará a Bessudo y ustedes? “Nacho usó a los hijos del doctor Uribe para que nosotros nos quedáramos en esa licitación”.Contestó el ‘El Canoso’ (ver 22). El empresario Bessudo, radicado desde hace más de 48 años en Colombia, aduce que él no estaba al tanto de estar compartiendo la multimillonaria licitación con paramilitares. Y pretende que cuando se refirió en reuniones a las AUC era de la siguiente manera: “Y la famosa frase que le contaron de las AUC yo dije de vez en cuando AUC, yo no sabía que esa vaina era Autodefensas Unidas de Colombia, por Asociación de Usuarios Campesinos” (24). Es ampliamente conocido en Colombia que las AUC son las Autodefensas Unidas de Colombia, cómo se autodenominó la herramienta paramilitar. Por otro lado cualquier persona que haga negocios multimillonarios que conciernen tierras de las cuales son despojados mediante masacres sus habitantes, y justamente por los paramilitares de las AUC, está en medida de entender la situación. Caben dudas sobre la ingenuidad que aduce Bessudo: “los socios ocultos, yo no lo sabía”( Ibíd. ). La sociedad Alnuva de los paramilitares ‘El Patrón’ y ‘Jorge 40’ sigue siendo hoy concesionaria de la administración del parque Tayrona, junto con Bessudo; el empresario francés declaró que por ley no se podía deshacer de sus socios paramilitares, lo cual no es cierto según evidencia Noticias Uno (25).

Mientras la oligarquía colombiana, francesa, y las multinacionales se hacen con las riquezas de Colombia, el brutal empobrecimiento de las poblaciones despojadas acicala el mecanismo de las violaciones contra las niñas: unas secuestradas y violadas y otras entregadas por familias en la miseria: "Era tan perversa la situación que hubo papás que las entregaban [al ‘Patrón’] a cambio de gastos básicos y estudios" (26). El despojo de tierras aumenta la miseria en Colombia e incrementa la riqueza de aquellos a manos de quienes van a parar las tierras: multinacionales y latifundio. Colombia es el 4to país del mundo en desigualdad social, y el país más desigual del continente americano(coeficiente GINI, 2011) (27).

6. ¿Cuál infancia?

Las niñas eran llevadas a fiestas en las que El Patrón las seleccionaba. Las que no le gustaban quedaban para otros paramilitares. Esta es la cara de “la Prosperidad Democrática” que sufren las niñas: detrás de los altísimos beneficios de las multinacionales en Colombia hay destrucción social, niñas esclavas, miseria, torturas, abusos e impunidad. Niñas sacrificadas en el altar de la codicia: entregadas a la herramienta paramilitar que funciona con la impunidad garantizada por los sucesivos gobiernos que la utilizan para despojar. El sistema de acumulación de capital, basado en el saqueo de los recursos naturales y la explotación del ser humano, tortura y asesina a los niños. Los priva de educación al convertir la educación en una mercancía, los priva de alimentación al convertir la alimentación en un negocio, los priva de salud al convertir la medicina en otro negocio, los desplaza de los campos, los mata de hambre… En Colombia mueren anualmente 20.000 niños por desnutrición (UNICEF). Colombia es uno de los países más ricos del mundo, y sin embargo su población es gravemente empobrecida por el saqueo: El 68% de la población de Colombia vive en la pobreza e indigencia. Hay 8 millones de indigentes y 20 millones de pobres (28). De cada 100 madres desplazadas gestantes, 80 padecen desnutrición crónica. Correlativamente a esta miseria, un solo banquero, Sarmiento Angulo, controla el 42% del crédito nacional (29). Paul Martin, representante de UNICEF, expuso de qué manera el cerebro de un niño se ve atrofiado por la desnutrición y la gravedad de la situación de la infancia en Colombia: “12% de los niños de Colombia padecen desnutrición crónica. Van a sufrir física y mentalmente: nunca este 12% va a tener la oportunidad de contribuir con el 100% de su capacidad humana (…) El 90% de la capacidad del ser humano se desarrolla en sus primeros 3 años; los niños que están desnutridos antes de esa edad nunca serán capaces de recuperar esta parte de su capacidad humana. En una radiografía del cerebro de un niño bien nutrido se puede ver que el cerebro es muy denso, con muchas interconexiones; y junto a él, el cerebro de un niño con desnutrición severa se ve delgado, con agujeros: esto es el daño físico causado por la desnutrición que no puede ser recuperado.”(30). Las grandes fortunas siguen incrementando su capital gracias al despojo de millones de campesinos de sus tierras, la privatización de la salud, la educación y demás servicios; gracias al pago de salarios de miseria; al establecimiento de zonas francas, gracias a la utilización del erario público para la financiación de la banca, gracias a la destrucción montañas. El 40% del territorio de Colombia está pedido en concesión para proyectos mineros: de sus 114 millones de hectáreas, cerca de 45 millones están solicitadas para este fin (31).