sábado, 22 de abril de 2017

La unión cívico-militar en la mira del Departamento de Estado


La estrategia de mecha lenta se acelera e internacionaliza cada vez más, los centros de poder global no cesan en su empeño de hacer estallar una conmoción social en Venezuela que le dé capacidad de maniobra a su fachada política para hacerse del poder de facto. El plan Zamora y ciertas detenciones de terroristas antes de las movilizaciones, causó el desinfle de la expectativa sobre el impacto de la marcha opositora del 19 de abril.

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Antecedentes y recursos
El plan diseñado y financiado desde fuera de nuestras fronteras para el golpe de abril de 2002, incluyó mercenarios infiltrados en las movilizaciones de ambos grupos que generaron el caos necesario para que el relato mediático culpara a los "colectivos chavistas", herederos de la satanización mediática emprendida en contra de los círculos bolivarianos en aquel entonces. Reeditando esta estrategia y legitimando las acciones violentas de sus aliados internos, el Departamento de Estado de EEUU se ha referido al "uso de bandas armadas colectivas bajo el control político de los líderes del partido PSUV para reprimir a los manifestantes mientras que las fuerzas de seguridad responsables de mantener el orden público permanecen ociosas", en su última declaración contra Venezuela.
Sin embargo, el hostigamiento contra Venezuela por esta vía narrativa no es nueva ni tampoco utilizada con carácter de excluvisidad, forma parte de un recurso mediático y político global utilizado en otros países adversos a Washington y con anterioridad en Venezuela: busca imponer la matriz de "Estado fallido" y de "terrorismo de Estado", sobre la base de falsas torturas y persecusiones, calcando las experiencias de intervención en otros países soberanos.
Ya en Venezuela, ante el desgaste de esa matriz por la vía de la "crisis humanitaria" (enfocada en alimentos y medicinas), y de la tesis del "autogolpe", judicializar mediática y políticamente al país como un promotor de "grupos civiles armados" y de la "militarización de la sociedad" (terrorismo de Estado) viene a ser un recurso alternativo para rellenar el expediente contra el país coordinado por el Departamento de Estado, que con su última declaración intentó unificar aliados regionales (con especial énfasis en Juan Manuel Santos), vocerías políticas internas de la oposición, medios transnacionales y locales y ONGs a este único relato pro-intervención.
Este relato sirvió de excusa para el desmontaje de la Revolución Sandinista en Nicaragua (vía financiamiento gringo a los Contras) o el golpe contra Aristide en Haití, por ejemplo. También, a partir de montajes, para legitimar la intervención contra Libia bajo el falso bombardeo del ejército libio sobre "manifestantes" en la plaza Verde de Trípoli. O en 2014, cuando Obama firmó un decreto ejecutivo para facultar al Pentágono en el entrenamiento de mercenarios para derrocar a Al-Assad, que colocaba como principal objetivo deponer "regímenes autoritarios" y "luchar contra el terrorismo" en Medio Oriente, en un mismo marco discursivo de represión contra "la oposición siria". Hoy ese relato evoluciona demonizando y vaciando de contenido a las milicias iraníes y de otros países próximos que colaboran con el ejército sirio en la lucha contra el terrorismo en Siria, calificándolas como "paramilitares" para reforzar la intervención en la nación árabe.
Todas estas agendas pre-bélicas acá mencionadas tuvieron como centro la criminalización del Estado y de su aparato de seguridad, inseparable de la población en el marco de la defensa integral de la nación, como sucede en Venezuela.
En tal sentido, bajo el comando del Departamento de Estado (como en los casos anteriores), existe una fuerte maniobra de cartelización política y mediática y de satanización programada contra el Estado venezolano, acusándolo de armar civiles para que repriman a "manifestantes", bajo la clara intención de presionar un punto de inflexión en cuanto a la severidad con la que debe tratarse la situación venezolana desde instancias extranjeras, el centro del golpe contra Venezuela. Aunque en los casos anteriores fue utilizado como excusa para financiar grupos irregulares/mercenarios que enfrentaran directamente a los Estados-objetivo, en Venezuela se utiliza, por ahora, para seguir estimulando un endurecimiento del asedio y una mayor demonización de sus autoridades legítimas y del chavismo en general, ya acosado con sanciones y criminalizado directamente por distintas agencias estadounidenses. Dando pasos adelantados en el ansiado punto de no retorno de la confrontación violenta apoyada desde el extranjero, con base al ataque a su unión cívico-militar y su fuerza pública. 
Caso Venezuela y denuncias de mercenarios infiltrados (otra vez)
Las operaciones de bandera falsa no son nuevas en Venezuela, desde aquellos disparos en Plaza Altamira en 2002 en los que el responsable de tres muertos y 28 heridos, Joao Gouveia, fue vinculado al Gobierno por operadores mediáticos hasta este 19 de abril cuando han responsabilizado a "colectivos chavistas" de la muerte de dos jóvenes que en realidad ni participaban en movilización alguna. Los altos dirigentes del antichavismo, Freddy Guevara y Julio Borges, se hicieron eco de estas versiones fortificando el relato de supuestas violaciones de derechos humanos permitidas por el Estado venezolano.
Uno de los dos casos fue resuelto policialmente, el autor del disparo es abiertamente opositor, militante de vente venezuela de Maria Corina Machado y disparó mas de 20 vexes contra motorizados que pasaban cerca de su residencia asesinando a Paola Ramírez (23 años), quien transitaba por la zonaLa Tabla @latablablog


http://planetaenpeligro.blogspot.com/2017/04/la-union-civico-militar-en-la-mira-del.html

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