Javier Del Valle Monagas Maita
Cualquier
acción, que derive en la muerte de una o mas personas. Animales y yo diría
hasta arboles de forma intencional o, no natural, es violencia. Igualmente la
violencia debe ser atacada y neutralizada su fuente de generación, incluso se
dan casos en los cuales la violencia contra la misma violencia es legitima.
Pongamos como caso, cuando los pueblos son atacados violentamente por poderes
de facto o impuestos bajo engaño o coacción. En ese caso, la violencia popular
es legítima para combatir a la fuente del mal que les acosa y daña.
Cuando
intencionalmente, se quiere condenar a toda una nación a pasar hambre o
desnutrición. Tan solo para forzar un cambio de gobierno o para que una elite
maligna asuma el poder político para repartirse entre ellos las riquezas de un
país, eso es violencia. Pero es peor, cuando además de esconde o acaparar los
alimentos, también de hace lo mismo con las medicinas y se usan los medios de
comunicación social para crear zozobra, caos y pánico, entonces estamos ante
una guerra a muerte abierta y descarada.
En este caso no se necesitan balas para matar. Las consecuencias de los
actos antes señalados, son precisamente para crear muerte. Esta forma de matar es uno de los actos de
guerra más detestables y criminales que se pueden aplicar a un pueblo,
pues la muerte lenta, terrorífica y
apesadumbrada es más dolorosa y agónica que la de un disparo.
Lorenzo
Mendoza, la cúpula de Fedecamaras y otro número de seudo empresarios parásitos,
son asesinos. Son genocidas que se valen del poder económico que poseen para
imponer penurias, muerte a las mayorías en Venezuela. Amen de eso, el delito se
potencia, cuando hacen alianza con fuerzas asesinas extranjeras, manipulan las
medicinas para arrinconar a La población y torcerles el brazo para que no hagan
uso consciente de su albedrío y, al contrario, se sometan por vía chantaje y
por miedo, a los designios de esos degenerados impostores. Esas acciones criminales, dan el derecho
legítimo a cualquier ciudadano de hacer justicia por su mano, en caso de que el
estado no aplique la ley y detenga la acción perversa de los asesinos seudo empresariales. No se trata aquí de ser
anarquistas. Simplemente, se trata de
sentar precedente y de detener la ola terrorista que pretende poner de rodillas
a toda una población para que se acate el capricho de unos degenerados
delincuentes con ansias de poder y de riquezas fáciles ¿Por qué a Lorenzo
Mendoza, Capriles, ramos Allup, Ismael García, Julio Borges, María
Machado, no los toca el brazo de la
justicia, si son hartos conocidos y reconocidos su papel protagónico en los
actos violentos, terroristas y sangrientos que pasan en Venezuela desde 1998?
El
derecho natural a la legitima defensa; da potestad a cualquier persona o
grupo de personas, que se sienten atacados, de responder a las agresiones que les amenacen
su seguridad y estabilidad ¿Se han preguntado Uds. cuantas personas han
fallecido como consecuencias directas o indirectas de los actos criminales de
los empresarios que juegan con los alimentos y medicinas en el país o por
acción del sicariato a su servicio? Sepan que la angustia, el miedo, la zozobra
y la desesperanza en una cola por adquirir
algún producto básico, pueden ocasionar infartos, u otras enfermedades
que pueden ocasionar hasta la muerte. Así mismo, el acoso mediático terrorista
asociado a la acción anterior, terminan por colapsar el sistema sicológico de estabilidad
y defensa del organismo de las personas, que pudiera conducir a suicidios. Todo,
sin dejar de mencionar a más de trescientos campesinos muertos en sus lares de
trabajo por órdenes de los mal llamados empresarios de la tierra o
terratenientes. O de los miles de trabajadores obreros y dirigentes sindicales
ajusticiados por intereses empresariales nefastos.
Pero es que el crimen no se queda solamente
en el ataque alimenticio y de medicinas. Se complementa con una
coordinación, de elementos asesinos (narco paramilitarismo colombiano)
comprobados sus agentes dentro de Venezuela.
Apoyados por un sector político aliado de esos empresarios asesinos y
parásitos.
Venezuela,
siendo un estado de derecho, con carácter protagónico y participativo de todos
los ciudadanos, tal como está contemplado en su Constitución nacional, da al
pueblo. a cualquier miembro de esa masa honesta y trabajadora del país, la
facultad de juez en caso de que alguna institución no
acate su función. Si desde 1998 y antes, un sector del poder económico y
una pequeña cúpula desviada del poder político (coordinadora democrática ayer,
hoy MUD) se han dado a la tarea de cometer actos violentos y sanguinarios en
contra de la nación, permaneciendo en la
impunidad sus mismos dirigentes reincidentes, entonces ya es tiempo que del
seno del pueblo, surjan las voluntades que hagan justicia.
Los
mismo crimínales del golpe de estado del 2002, los mismos sádicos violentos
del paro patronal del 2003, los mismos degenerados del golpe petrolero del
2003, son los que hoy hacen uso de los dineros aportados desde Estados Unidos
para contratar mercenarios que llevan decenas de años diezmando al pueblo
obrero y campesino colombiano y los
importan a Venezuela para sembrar dolor y muerte en nuestra población, como
forma de ablandamiento que sirva para ellos acceder al poder político mediante
el temor. Son esas mismas lacras que anclaron barcos con millones de litros de
gasolina frente a la ciudad de Maracaibo, y que amenazaron con volarlo si
Chávez no se iba. Los mismos asesinos que contrataron franco tiradores para matar
a personas en Caracas el 11/04/02, para luego querer acusar al gobierno de tan
vil acto. Son los mismos degenerados que salen en la gran prensa, abrazados con
Álvaro Uribe Vélez. Un enfermo, asesino;
creador del narco paramilitarismo colombiano y culpable de la existencia de
cientos de cementerios clandestinos en su país. O con el presidente genocida de
turno en Estados Unidos
No es que sea partidario de la anarquía. Simplemente se trata de poner un alto a
quienes ya se creen con derechos superiores a la ley y la justicia. Que matan,
roban, traicionan, ofenden, vejan y pretenden entregar a una nación, sin
recibir sentencia ni condena alguna. Incluso hasta se delatan como agentes e
instrumentos de otras naciones para degradar a Venezuela.
Lo
único aconsejable en este caso, es que la acción de justicia popular no sea
una acción aislada y sin coordinación.
Tampoco que sea desbocada. Debe ser dirigida contra todas esas lacras
que violan el estado de derecho y la justicia usando fallas y caminos torcidos
de la norma existente.
Ojalá
las instituciones de justicia, y el poder judicial se activen y cumplan con
su papel antes de que la paciencia se colme y el mal avance a términos sin
retorno. Solo así se evitaría un caos que al final favorecería a los intereses
externos enemigos de la patria. Con tan solo poner en prisión a Lorenzo Mendoza
y a Capriles, el rio empezaría a retornar al cauce legal de la justicia.
CON JUSTICIA Y CONCIENCIA ¡VENCEREMOS!
*Abogado
con Patria
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