CI: Comunicación Indígena-Kuna
Editor Responsable: Dad Neba
Asociación Napguana N° 641
Kuna Yala/ Panamá 3 de febrero del 2011
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PANAMA: NO A LA MINERIA EN PANAMA
Fuente: arysteides turpana/aturpana@yahoo.com
Si quieren participar en esta cadena de preservación de la vida y de la belleza de Panamá, transmitan a todos los panameños, amigos y familiares la lista de los diputados que siguen debatiendo sobre la minería en Panamá. Que todo el que pueda mande el mensaje aquí abajo o escriba otro de sus propias inspiraciones. Lo importante es que no nos creen otras ZONAS vendidas al extranjero que éstas sí van a acabar con nuestro entorno. No se dejen quitar la tierra. La concesión de oro y cobre en Petaquilla pasó de 13,600 hectáreas a 84,200. Y así quieren brindarles ahora más beneficios a los gobiernos extranjeros que quieren explotar nuestro suelo para llevarse nuestros minerales y dejarnos sus desechos y contaminación.
Señor Diputado:
El pueblo panameño puso su confianza en usted, para mejorar sus condiciones de vida, para trabajar en proyectos que beneficiaran a TODOS los panameños, pero no para que vendiera, una vez más nuestra tierra, nuestras aguas y nuestra biodiversidad, nuestra principal riqueza.
No se arriesgue a que la HISTORIA lo recuerde como uno de esos que vendió la Patria por intereses de unos cuantos.
PODEMOS VIVIR SIN ORO, PERO NO PODEMOS VIVIR SIN AGUA. Aprenda de las experiencias de otros. No se crea el cuento de la minería responsable que sólo lo es ante los accionistas pero no ante el pueblo humilde. Mire si América Central, se ha hecho más rica con las minerías. Mire si el Chocó en Colombia se ha desarrollado como nosotros con sólo nuestro Canal.
NO MATE LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO por una "ganancia" a corto plazo. DIGA NO A LA MINERIA EN PANAMA.
PANAMA: Campesinos e indígenas, contra código minero
Fuente: La Prensa/ VÍCTOR ELISEO RODRÍGUEZ/nacionales@prensa.com
Grupos indígenas, campesinos y ambientalistas realizaron ayer jornadas de protesta en la ciudad de Santiago, para mostrar su rechazo a las reformas del código minero que se debaten en la Asamblea.
Los indígenas, que viajaron desde la comarca Ngäbé Buglé, se concentraron en la vía Interamericana, en donde cerraron un carril de esta arteria, lo que provocó un congestionamiento vehicular que afectó al transporte de carga y pasajeros.
Luego de ello, los manifestantes, que también fueron apoyados por los educadores de Veraguas, marcharon hasta la sede de la Gobernación, en donde realizaron un piquete gritando consignas en contra de las reformas legislativas citadas.
Bernardo Jiménez, dirigente comarcal, explicó que esta es la primera de una serie de protestas que serán convocadas en esta cabecera de provincia con el apoyo de los residentes de las áreas en donde se pretenden realizar explotaciones mineras, como es el caso del distrito de Cañazas.
Según la fuente, el mensaje de estas protestas, que serán pacíficas, es hacerle entender al Gobierno que los grupos indígenas y campesinos están unidos en contra de las reformas al código minero y que rechazan las exploraciones en las áreas rurales del interior del país.
El grupo de manifestantes fue atendido por una comisión designada por el gobernador de Veraguas, Ernesto Martínez. No obstante, los indígenas y campesinos no aceptaron dialogar, ya que exigieron la presencia de la primera autoridad de la provincia.
En Veraguas todavía está fresco el recuerdo de los daños ambientales que dejó la explotación de la mina Santa Rosa, en el distrito de Cañazas, cerrada en 2001.
PANAMA: Enfrentamientos por reformas
Fuente: EDUARDO MENDOZA/JOSÉ GONZÁLEZ PINILLA/panorama@prensa.com
Lo que inicialmente comenzó como una protesta pacífica en contra de las reformas al Código de Recursos Minerales, al final degeneró en un enfrentamiento entre estudiantes de la Universidad de Panamá y funcionarios de la Policía Nacional en la vía Transístmica.
En efecto, tras 23 minutos de protesta, en la que los estudiantes cerraron los cuatro carriles de la vía y quemaron un sillón y basura, la policía se presentó en el lugar y se generó el enfrentamiento, iniciado por los alumnos que comenzaron a arrojarles piedras y botellas a los uniformados.
Tras una reyerta preliminar, en la que los policías respondieron con gases lacrimógenos y perdigones, los estudiantes se replegaron al campus, luego de lo cual fue reabierto el tránsito pese a esporádicas escaramuzas.
Boris Sánchez, dirigente estudiantil, pidió a los diputados que suspendan la discusión del proyecto minero y que lo devuelvan a primer debate, para que se realice una discusión más amplia.
“No vamos a permitir que extranjeros vengan a apoderarse de nuestras minas y recursos naturales”, expresó.
Al mismo tiempo en que se desarrollaban los disturbios en la calle, en el auditorio Gil Blas Tejeira de la Facultad de Comunicación Social se llevaba a efecto un foro sobre la reforma minera, el cual, sin embargo, tuvo que ser suspendido por los expositores Julio Yao, Maribel Gordón y Alida Spadafora, debido a la gran acumulación de gases lacrimógenos.
La protesta comenzó poco después del mediodía y la policía se retiró del lugar, finalmente, a las 3:00 p.m.
Segundo debate
Las discusiones en segundo debate del proyecto de reformas al Código de Recursos Minerales empiezan hoy, luego de que el presidente de la Comisión de Comercio, Aris De Icaza, presentara anoche el documento ante el pleno de la Asamblea Nacional.
Pero antes de esa discusión, los diputados de la bancada opositora presentarán su informe de minoría.
En tanto, el presidente de la Asamblea, José Muñoz, informó que para evitar más críticas no habilitará las sesiones mañana, viernes, ni el fin de semana. “Las discusiones seguirán el próximo lunes”, aseguró.
Sin embargo, el fuerte rechazo a la propuesta sigue en aumento. Unas 15 organizaciones ambientalistas y 40 grupos de la sociedad civil expresaron ayer sus inquietudes por la aprobación de la propuesta. “Preocupa la posición recalcitrante de los representantes del Gobierno de no integrar de manera efectiva los aportes de la sociedad civil en su conjunto”, destacaron en un comunicado de prensa.
Por ello, solicitaron que se suspenda la discusión de este proyecto hasta que se puedan establecer mesas de trabajo que analicen el documento de manera técnica.
Raisa Banfield, de Panamá Sostenible, dijo que aún desconocen las reformas en primer debate.
Mientras, Javier Víquez, de la Unidad de Lucha Integral de Pueblo, denunció que el artículo más peligroso es el primero, ya que le abre las puertas a gobiernos extranjeros a explotar la minería. “Esto es inconstitucional, porque no se puede enajenar el territorio nacional”, dijo.
PANAMA: Declaración y Movilización contra la Minería en Panamá
Fuente: radio temblor
Por este medio y ante la inminente aprobación del Proyecto de Ley Nº 277, que establece reformas al Código de Recursos Minerales de la República de Panamá, después de una semana de consultas ante la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional de Diputados deseamos expresar:
1) Nuestra más profunda preocupación sobre el proceso y el contenido de este polémico y nefasto Proyecto de Ley que atenta contra la seguridad ambiental y la soberanía de Panamá. La falta de consulta previa a la presentación del proyecto, elaborado en secreto y a puertas cerradas, hace que las “Jornadas de Consulta” actuales ante la Comisión sean extemporáneas e improductivas, ya que las bases de estas modificaciones no fueron previamente consultadas con los diversos sectores de la sociedad civil y comunidades afectadas, así como tampoco fueron nunca públicos ni los borradores, ni los textos científicos (si los hay), o las opiniones de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) al respecto, después de numerosos intentos de obtener tales datos por parte de grupos interesados. Todo ha ocurrido sin contemplarse ni de la manera más casual la participación y opinión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo de la misma Asamblea Nacional, trastocando el Reglamento Interno de este Órgano del Estado.
2) En particular preocupa la posición recalcitrante de los representantes del gobierno de no integrar de manera efectiva los aportes de la sociedad civil en su conjunto. Es desconcertante, y ante todo anti-democrático, que la Comisión competente en la Asamblea y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) hagan caso omiso a una propuesta de trabajar en comisiones para un profundo análisis y mejoramiento del Proyecto de Ley, tal cual fue planteado ante el Ministro de la Cartera por las asociaciones civiles antes de que la Comisión iniciara las “consultas” sobre el Proyecto.
3) El contenido del proyecto -a pesar de ser mercadeado como una norma “para el ambiente” o para “darle herramientas a la ANAM”- está plagado de errores de redacción que complican el entendimiento de las funciones de esa institución para el control ambiental de la minería, condicionando las inspecciones que hoy hace la ANAM, por razón de su competencia, al requerimiento de la Dirección de Recursos Minerales del MICI. Además de ello, ordena a la ANAM realizar auditorías ambientales, sin que exista regulación al respecto, toda vez que no es este organismo, sino la Contraloría General de la República la que tiene la potestad gubernamental para hacerlo. En adición condiciona las acciones preventivas de suspensión, propias de los procesos de investigación, al no otorgar el efecto suspensivo a los recursos legales que presenten las empresas mineras, facilitando a que éstas sigan contaminando.
4) El proyecto también deroga el artículo 165 del mismo Código, que ordena colocar en Gaceta Oficial los nombres y domicilios de los servidores públicos que reciban las solicitudes de concesión y sus correspondientes pagos, mientras evita el derogar artículos que posibilitan que personeros de gobierno mantengan intereses en concesiones mineras.
5) El proyecto permite aspectos hoy prohibidos por la Ley, como que el Estado cree empresas privadas con capital estatal, contrario a lo que ordena la Constitución, o que es peor, que Estados extranjeros alimenten de capital a empresas privadas, en ambos casos, irrespetando la separación que en estos casos debe existir entre “lo privado” y “lo público”, creando distorsiones entre los agentes económicos y aventajando a estos nuevos empresarios injusta y desmesuradamente sobre otros actores de la sociedad civil, el propio Estado panameño y las mismas empresas panameñas que se verán enfrentadas al fomento de la competencia desleal en este sector.
6) Es más preocupante el Proyecto de Ley cuando se da en un contexto en el que los procesos de evaluación ambiental se han dejado a la incertidumbre, ya que ni siquiera se ha reglamentado lo aprobado durante el diálogo de la Ley 30 sobre las Evaluaciones de Impacto Ambiental, a pesar de los esfuerzos del movimiento ambiental para trabajar en esta reglamentación.
7) Asimismo una debilitada ANAM no se ha pronunciado al respecto de esta Proyecto de Ley 277, y que, sumado a décadas de incumplimientos, desastres ambientales, promesas incumplidas y denuncias ciudadanas sobre la manera en que los proyectos relacionados con la minería metálica y no metálica se han llevado en el país, acrecientan el nivel de preocupación de la ciudadanía panameña frente al tema.
Solicitamos, con el respeto que nos caracteriza, se suspendan las discusiones de este proyecto de Ley, hasta que se puedan establecer mesas de trabajo que analicen los temas en un diálogo de calidad elevada, que sea transparente, técnico y científico, mientras se discute el proyecto de Ley de Moratoria a la actividad minera que debe entrar en efecto mientras se da la mencionada discusión a nivel nacional, consultando de abajo hacia arriba, como es la característica de países democráticos a nivel mundial.
Dado en Panamá, el día 31 de enero de 2011, y suscrito por las siguientes organizaciones e individuos:
Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON); Fundación Avifauna; Panamá Sostenible (PASOS); Centro de Incidencia Ambiental (CIAM); Fundación para la Protección del Mar (PROMAR); Almanaque Azul; Audubon Panamá; Fundación Albatros Media; Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena; Dr. Azael Barrera; Harley Mitchell; Comité de Protección al Paciente y Familiares (Propafa); Federación de Comunidades de Áreas Revertidas; Asociación de Propietarios y Residentes de Clayton (Aprecla); Comisión de Derechos Humanos de la Comarca Ngobe Buglé
ORGANIZACIONES DE LA ASAMBLEA CIUDADANA
Asociación Ecologista Panameña; Asociación de Derecho Ambiental; Asociación Panameña de Derecho Constitucional; Asociación Conciencia Ciudadana; Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá; Asociación Verde de Panamá
Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA); Centro de Estudios, Promoción y Asistencia Social (CEPAS); Centro de Estudios y Capacitación Familiar; Centro de Trabajo sobre Seguridad Social; Central General de Trabajadores de la República de Panamá (CGTP); Central Nacional de Trabajadores de Panamá CNTP; Consumo Ético; Colectivo Voces Ecológicas; Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena; Human Rights Everywhere; Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá; Foro Mujer y Desarrollo; Espacio Encuentro de Mujeres; Madres Maestras; Manos & Cerebros; Servicio Paz y Justicia- Panamá; Movimiento Democrático Popular; Unidad de Lucha Integral del Pueblo; Sindicato de Periodistas de Panamá; Voces Libres de Panamá
ORGANIZACIONES CHIRICANAS
Amigos del Parque Internacional La Amistad (Amipila); Fundación para el Desarrollo Integral , Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá; Asociación de Productores Agroecologìstas La Amistad (Adpaela); Colibrí Asociación Ecologista de Panamá; Asociación Agroecologista Macho de Monte; Asociación Ambientalista de Chiriquí; Asociación Conservación de la Biósfera; Grupo Ecologista para la Conservación del Parque Internacional La Amistad (Gerpropila); Asociación Ecologista de Productores Orgánicos de Rovira (Asepor); Centro Misionero de la Concepción para la Defensa del Ecosistema (Cemcode)
Asociación Agroecoturística la Amistad (Asaela); Grupo Expedición Natural Agroecoturística (Genat); Asociación de Productores de Cultivos Exportables (Apce); Comité por la Defensa del Río Gariché y sus afluentes
PANAMA: LA MINERÍA COMO POLÍTICA DE ANTI-DESARROLLO
Fuente: Frenadeso
El mundo ha desarrollado patrones de consumo fundamentados en producir aquellas cosas que producen altos niveles de rentabilidad para las empresas y accionistas, patrones de consumo que son derrochadores de los recursos naturales y que han producido la devastación ambiental en el planeta, al punto de poner en riesgo la vida humana. Los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero sobre el cambio climático y sus efectos desastrosos sobre las cosechas y la población (inundaciones, sequías, desertificación, etc.), son la prueba más fehaciente de ello. Estos modelos de supuesto desarrollo han producido enormes desigualdades sociales y enormes concentración de la riqueza, lo que a su vez refuerza los patrones de consumo derrochadores de los recursos naturales, debido a que solo se produce cosas para los que pueden comprar, porque son estos los que pueden generar grandes ganancias a los inversionistas.
Estos patrones de consumo depredadores del ambiente se agudizan con las explotaciones mineras, y sobre todo, con la minería de cielo abierto. Las empresas transnacionales, guiadas por el lucro, así como los gobiernos que las soportan y apoyan, desde los años ochenta se han estado trasladando a los países subdesarrollados a explotar los recursos minerales debido a que en estos países las regulaciones ambientales son menos exigentes y no existe fortalecimiento de las instituciones para enfrentar los efectos negativos que produce la minería de cielo abierto.
Nuestro país, aún cuando no tiene experiencia minera de este tipo, tiene pruebas de la desidia de las empresas e inversionistas, con lo ocurrido en la Mina Remance, que aún cuando se comprobó por el MICI la contaminación de la actividad, solo después de varios años de explotación es que la mina se cierra, sin otras consecuencias para los inversionistas, quienes lucraron contaminando el área. La Mina Santa Rosa es otra prueba de ello.
La empresa se declaró en banca rota y dejó a los trabajadores sin pagarles sus derechos, abandonando la mina y dejándole al Estado la responsabilidad de las eventuales contaminaciones de los desechos contaminados, el drenaje ácido y demás daños al ambiente y a las comunidades. Las capacidades de inspección por parte del MICI y de la ANAM son muy limitadas, sin contar los casos de corrupción que son susceptibles de producirse.
La mina Cerro Quema fue otro ejemplo, la cual sin que se hubiera iniciado explotación los derrumbes y deslaves de tierra produjeron grande contaminación de los ríos, sin que ello hubiera significado mayores erogaciones para quienes lucraron de la concesión. La mina de oro de Petaquilla es el ejemplo más reciente y desastroso que el país tiene. Las comunidades muestran innumerables pruebas de la contaminación que se está produciendo, pero lo más grade, del enorme peligro que a mediano plazo tienen los derrames, la acumulación de desechos contaminados y la deforestación.
La apropiación de tierra a campesinos y la amenaza de expulsión de comunidades enteras es otra de los efectos esperados. La mina de cobre, oro, plata y moligdenum de la transnacional INMET MINING CORPORATION y su subsidiaria MINERA PANAMÁ, en Petaquilla, Distrito de Donoso, provincia de Colón, es 240 veces más grande (tomando en cuenta la cantidad de roca que procesarán) que la mina de oro de Petaquilla, por lo que los potenciales impactos son de proporciones que no podemos imaginar siquiera, por la falta de nuestra experiencia en este tipo de minería.
La propia ANAM se ha declarado imposibilitada de hacer el análisis del Estudio de Impacto Ambiental y ha tenido que contratar una empresa extranjera para hacerlo, lo cual es prueba de nuestras debilidades institucionales para lidiar con este tipo de proyectos. No ha habido en el mundo un solo proyecto de este tipo de minería de cielo abierto que no haya producido deforestación o derrames y contaminaciones a fuentes de aguas superficiales y subterráneas, pese a que cuando las empresas se van a instalar prometen el cielo y la tierra en cuanto a las medidas de seguridad.
El pasado7 de enero, un camión cargado de N ITRATO DE AMONIO, elemento utilizado para explosivos en minas, se volcó en el trayecto de la Pintada y Coclesito, cuando viajaba hacia la minas Petaquilla, contaminando el río Cascajal. Se le recomendó a las comunidades no utilizar el río por 15 días y el hecho fue guardado por las autoridades como un gran secreto. Hasta ayer, 17 días después es que se dio a conocer. Esto expresa el grave peligro de la actividad minera de cielo abierto y la incapacidad de las autoridades para tratar este tipo de problemas. Las recientes modificaciones hechas a la ley ambiental la debilitaron aún más, cuestión que manifiesta desarrollar la actividad minera con muy baja preocupación sobre sus efectos en la vida humana.
El proyecto de ley que modifica el código minero, para nada toma en cuenta estos aspectos. El supuesto implícito es que hay que desarrollar la minería a toda costa. El propio ministro de Comercio e Industrias en un programa de televisión aseguró que las modificaciones iban dirigidas a favorecer el proyecto de INMET MINING CORPORATION y MINERA PANAMA, debido a que Singapur y Corea del Sur estaban interesadas en financiar el proyecto, como gobierno.
También se conoce que estos gobiernos han mostrado interés en participar en la mina de CERRO COLORADO. Es absurdo que los gobiernos guíen sus políticas económicas para beneficiar intereses privados y de otros gobiernos, como es el caso de las modificaciones al Código Minero, lo cual ha aceptado el propio ministro Roberto Henríquez, incluso, aceptando la cesión de territorio nacional a otros estados, lesionando la soberanía nacional.
Las justificaciones de los enormes ingresos que obtendrá el estado panameño debido a estas concesiones es ridícula. Primero si consideramos los daños ambientales y contaminaciones y efectos sobre las comunidades. Pero, además, la propia empresa MINERA PANAMÁ ha aceptado que por lo menos el 90% de lo que se produzca irá a parar a manos de los inversionistas privados de la empresa y el resto, una parte serán los salarios de los trabajadores y otra parte, aún más pequeña, para ingresos del estado. En los primeros 10 años de operación, MINERA PANAMA estima que le pagará al estado panameño CERO CENTAVO en concepto de impuesto sobre la renta. Podrán aumentar los pagos por concesiones mineras, para exploración y explotación, pero los montos originales son tan irrisorios, que aún cuando se aumenten los pagos en 100% y en algunos casos hasta 1000%, los cobros serían una miseria en comparación con los dineros que se quedan las empresas y los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, y considerando los enormes efectos ambientales y sociales.
Por esta razón es que el problema de las modificaciones del Código Minero que se pretenden realizar no se pueden justificar por el aumento de los ingresos del gobierno panameño, que, repetimos, son sumas insignificantes en comparación con lo que se queda la empresa y los inversionistas privados, y ahora, otros gobiernos extranjeros.
Dicho sea de paso, aquí se observa también las hipocresías de la política económica neoliberal y de quienes las impulsan. Se afirma que el estado no debe intervenir en actividades privadas, que es un mal administrador, etc., sin embargo, el gobierno panameño, con premeditación y alevosía quiere modificar el Código Minero para beneficiar la participación de gobiernos extranjeros. Esto es irónico e hipócrita. La cuestión radica en si en nuestro país debemos tener la minería de cielo abierto como una actividad esencial para el desarrollo.
POSICIÓN DE FRENADESO
La posición de FRENADESO es NO A LA MINERÍA DE CIELO ABIERTO, porque sus efectos ambientales, de contaminación, de expulsión de las comunidades, en la deforestación, en otros aspectos sociales, y ahora, en la pérdida aún más de nuestra malograda soberanía nacional, son muy superiores a los beneficios que pueden producir estos proyectos.
Esta actividad no es una opción para impulsar un verdadero desarrollo de las comunidades y el desarrollo de la democracia de nuestro país, que implica el respeto a los derechos humanos y, en consecuencia, el derecho de vivir en un ambiente sano, libre de contaminación. Estos son solo proyectos para el lucro personal, el lucro privado, sin importar el daño que pueden producir.
Las comunidades lo que necesitan es apoyo a proyectos agropecuarios sustentables, acceso a buenas escuelas, internados para los estudiantes, caminos de acceso para sacar su producción, apoyo en la comercialización, en el financiamiento y en asesoría técnica, para lo cual no es necesario impulsar la minería de cielo abierto. El país ha estado creciendo a tasas del 7, 8, 10 y 11 por ciento, sin necesidad de la actividad minera, y el problema ha radicado en que este crecimiento se ha concentrado en unas cuantas familias y empresas extranjeras, en detrimento de la mayoría de la población, que continúa recibiendo alimentos cada vez más caro y sus salarios son cada vez más deteriorados por el alto costo de la vida.
FRENADESO propugna por un Desarrollo Humano Sostenible, el cual, efectivamente, debe significar el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, al mismo tiempo que se respetan los ecosistemas de manera que no se comprometan las generaciones futuras.
Las observaciones críticas que hacemos a los proyectos mineros (cobre, oro, plata y moligdenum), se fundamentan en que éstos ponen en peligro la vida humana y compromete la existencia de las generaciones futuras.
Exigimos la suspensión de la discusión del Proyecto Ley 277 en la Asamblea Legislativa, para iniciar un amplio debate sobre este tema, a fin de permitir una real consulta a las comunidades indígenas, campesinas, ambientalistas, organizaciones sociales, población en general que permita garantizar el respeto a la vida, la preservación del ecosistema y los intereses nacionales.
FRENADESO IMPULSA UN PROYECTO DE DESARROLLO PARA LA VIDA, LIBRE DE MINERÍA DE CIELO ABIERTO
Dado en la ciudad de Panamá a los 28 días del mes de enero de 2010.
COLOMBIA: Interconexión Eléctrica
Fuente: AP
El vicepresidente y canciller de Panamá, Juan Carlos Varela, calificó hoy, miércoles, como capítulo cerrado los roces con Bogotá por el asilo otorgado a una ex directora de la policía secreta colombiana investigada en un escándalo de espionaje.
Varela, de visita de un día en Bogotá, dijo que desde el asilo otorgado en noviembre a María del Pilar Hurtado, "no ha habido ninguna solicitud adicional de asilo en nuestra cancillería''.
"Para nosotros eso es un capítulo cerrado. Las relaciones que hay con el presidente (colombiano Juan Manuel) Santos y la cancillería son excelentes'', agregó Varela en una breve declaración a los reporteros junto a la canciller colombiana María Angela Holguín.
La ministra colombiana no comentó el tema del asilo y previamente había dicho que entre los asuntos tratados con su colega panameño en el día estuvo desde una obra de interconexión eléctrica entre ambas naciones hasta la seguridad en la frontera común, de unos 266 kilómetros de extensión.
La interconexión eléctrica arrancaría en el año 2012 y se concluiría dos años después, dijo Holguín.
El proyecto, cuyo origen se remonta a los años 80, se extendería unos 600 kilómetros desde el noroeste colombiano hasta Panamá en una línea de transmisión con capacidad de unos 300 megavatios, según han dicho los gobiernos de los dos países.
HONDURAS:¡El Estado de Honduras pretende impulsar el Cierre de las Radios Comunitarias!!
Fuente: Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Como parte de la campaña existente en Honduras en contra de las radios comunitarias, el pasado lunes 31 de enero se hizo público el anuncio de una "consulta" promovida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), para supuestamente suspender el otorgamiento de permisos y licencias de frecuencias radioeléctricas destinadas a la operación de estaciones de baja potencia (1).
Según informaciones vertidas por el periódico "La Tribuna", la actual administración de CONATEL, señala que existe un alto grado de saturación en la ocupación del espectro radioeléctrico dentro de la banda 88 - 108 Mhz.
Sin embargo el trasfondo de la "consulta" impulsada por CONATEL es más político que técnico, ya que realmente no existe una saturación del espectro radioeléctrico. El trasfondo radica en el monopolio de la elite de poder hondureña en cuanto a la propiedad de los medios de comunicación.
Las radios comunitarias que hay en el país han sido uno de los pocos medios con que cuentan los pueblos indígenas y comunidades campesinas, especialmente durante y después del golpe de estado, para recibir información no adulterada por los intereses de los señores feudales.
Como es de conocimiento público, el golpe de estado en Honduras además de haber sido fraguado por los intereses imperiales de los Estados Unidos, contó con el apoyo e instigación de los medios de comunicación locales, quienes prácticamente en su totalidad iniciaron la defenestración del ex-presidente Manuel Zelaya a los pocos meses de haberse instalado su gobierno.
Es bastante curioso que CONATEL inicie una consulta respecto a las radios comunitarias, cuando se ha venido denunciando el acoso que padecen las emisoras comunitarias y su personal. La radio Faluma Bimetu - pionera de las radios comunitarias en el país, la que cuenta con quince años de haber sido fundada - fue incendiada en enero del año pasado y este año se vio obligada a cerrar temporalmente ante las múltiples amenazas recibidas; mientras La Voz de Zacate Grande, ha sufrido amenazas de demolición y sus reporteras golpeadas además de proseguidas por el Ministerio Público.
Honduras es un país secuestrado por una pequeña elite de poder, totalmente adscrita a la esfera de influencia de los Estados Unidos. Los medios de comunicación se destacan por su habilidad para la distorsión de la información y la fabricación de consenso. La prensa escrita, especialmente los periódicos de Jorge Larach Canahuati se ha encargado antes y después del golpe de estado de sembrar el odio, y confundir a un pueblo con un grado mínimo de educación.
La Consulta impulsada por CONATEL es vía correo electrónico, siendo este tipo de iniciativa una novedad en Honuras, que no deja de ser elitista; teniendo en cuenta que menos del 10% de la población son usuarios de la internet (2) y su uso es casi inexistente en las comunidades poseedoras de radios comunitarias.
Para las comunidades indígenas y campesinas, la acción emprendida por CONATEL es una violación a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual en su artículo 13. 3 señala: " No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones".
A pesar de lo estipulado por la Convención, el Estado de Honduras por intermedio de CONATEL restringe el derecho de expresión, situación que se da no sólo en el caso de las radios comunitarias, dado que los oligopolios de la información se han convertido en una amenaza para la democracia.
En el caso específico del pueblo Garífuna, quienes fuimos nominados como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la UNESCO en el año 2001, hemos sufrido una persistente campaña de homogeneización cultural promovida por los medios de comunicación imperante; siendo las radios comunitarias balbuceos para evitar la pérdida de nuestro idioma y tradiciones.
El acoso a Faluma Bimetu y la Voz de Zacate Grande, es producto de la resistencia que presentan a señores feudales tales como Miguel Facusse - el palmero de la muerte- y David Zaccaro -mascara de los empresarios turísticos asociados a Bahía de Tela - los que ven las radios comunitarias como obstáculos para crear el éxodo de las comunidades locales y convertir nuestras tierras en proyectos turísticos.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
SUDAMERICA: MALOS INGENIEROS FUERON DESPEDIDOS DEL PET POR SAQUEAR AGUAS DEL TRIPARTITO PERU,CHILE, BOLIVIA
Fuente: Nasario Mamani/nasario_m@yahoo.com
Ante la Gran Asamblea del Parlamento del Pueblo que lunes a lunes se reúne en la Plaza Quiñones del Distrito de Alto de la Alianza Región Tacna Perú, el Ing. Luis Velásquez Revilla expuso que malos ingenieros de Tacna han venido engañando al Pueblo de Tacna durante 25 años haciéndole creer falsamente que en Tacna no hay agua. FALSO DE TODA FALSEDAD dijo: Tacna tiene agua en sus 4 cuencas, lo que pasa es que el 85% se la dan a las EMPRESAS MINERAS. Desafió a un debate público para demostrarlo.
Por otro lado se supo que los malos ingenieros del Proyecto Especial Tacna "PET" ya fueron retirados de sus puestos de trabajo como son Fermín Garnica Tello ex gerente, Flores Shangano ex administrador y el inefable Corpus Manrique ex director técnico. Falta todavía retirar a Galo Palza que es racista odia a los indígenas y al abogado Juan Meléndez.
Luego de 25 años de resistencia y de lucha, las comunidades Alto andinas de Alto Perú Queñua Wichinka, Antigua Ancomarca del Distrito de Palca, lograron que la nueva autoridad Regional desplace a esos malos ingenieros que durante un cuarto de siglo saquearon las aguas de los Ayllu Markas del Qullana Suyo Aymara el Tripartito Perú Chile Bolivia, bajo pretexto que en Tacna no hay agua. Este saqueo ilegal de los recursos hídricos ancestrales de los Ayllu markas del tripartito, trajo como consecuencia la desecación de más de 50 mil hectáreas de Bofedales en el abra cordillerana causando muerte y desolación en las cuencas de los ríos Maure y Uchusuma.
Mientras que la cuenca de la provincia tacneña de Candarave es saqueada por la empresa minera de cobre más grande de Sudamérica SPCC en Tacna, permanece intocable y se lleva más de 5 mil litros de agua por segundo, mientras que en Tacna no llega ni 500 litros por segundo para la población urbana y la agricultura del Valle viejo. Esta injusticia fue denunciada en el Parlamento del Pueblo por el Ing. Luis Velásquez Revilla, quien dijo: "esta es la PURA VERDAD, vivimos una gran injusticia hídrica remarcó.
Quedo demostrado que el Estado peruano en abierta complicidad con la empresa minera esta exterminando a los ayllu-Markas del tripartito para despoblar la zona y dejarla a expensas de los mil denuncios mineros presentados ante el Ministerio de energía y Minas los últimos 5 años.
Pero No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Esto se ha corroborado con el pedido formulado por el Presidente de la Comunidad Campesina Queñuawichika alto Perú al Nuevo presidente Regional de Tacna, para que sellen los pozos 4 y 14 del "Ayro" y que se paralice la perforación de los 17 nuevos pozos que se están escavando en el llamado Ayro viejo.
En la actualidad, Hay una gran movilización tanto en la ciudad como en el campo para seguir extirpando la corrupción en el Proyecto Especial Tacna PET calificado como depredador transfronterizo, violador internacional de los Derechos humanos de los pueblos originarios del Ande Aymara y se espera que siga la purga de los malos funcionarios. Las comunidades afectadas exigen que no solamente se les expulse a estos malos ingenieros sino que se les haga pagar todo el daño causado a Tacna, que se mande a prisión.
CHIAPAS: Declaración de Chiapas
Fuente: José Carlos Morales
Estimad@s Herman@s y Amig@s:
En nombre del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, MEDPI/CDH, participé en esta Conferencia de Parlamentarios del Mundo organizado por la Unión Internacional de Parlamentarios, UIP, con el tema: Los Parlamentos, Minorías y los PUEBLOS INDIGENAS: Participación política efectiva, realizada en Chiapas, México del 31de Octubre al 3 de Noviembre del 2010
Deseo compartir con todos ustedes los resultados de esta importante Conferencia por lo que les adjunto la Declaración de Chiapas, Documento considerado histórico por la UIP y todos los participantes, por considerar el tema de los Derechos de los Pueblos Indígenas y las Minorías de forma seria y responsable por todos los Diputados, Senadores y Parlamentarios de las cinco regiones del Mundo presentes en Chiapas. Los mismos asumieron un compromiso para realizar de nuevo una revisión de las propuestas en la presente Declaración así como los resultados en un plazo de dos años. La Declaración de Chiapas, está fundamentada en la "Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas" el Convenio 169 de la OIT donde este sea aplicable y otros instrumentos internacionales referidos a los Pueblos Indígenas.
La Declaración de Chiapas será enviada oficialmente a todos los Parlamentos del Mundo por la Secretaría de UIP con sede en Ginebra.
Estimados tod@s, los compromisos asumidos por los Parlamentarios y otros no podrán ser efectivos si nosotros como organizaciones o personas indígenas no participamos asesorando discutiendo o proponiendo soluciones a nuestros grandes desafíos que deben contar con la decisión de los Parlamentos en todos y cada uno de nuestros países. Les propongo este reto y los invito a discutir este documento con los parlamentarios, senadores o diputados en nuestros países y mantenernos vigilantes de lo que pueda acontecer en beneficio o perjuicio para nuestros pueblos en todos los países donde nos encontremos.
Invito a los representantes de las redes de comunicación a divulgar este documento para que sea efectivo a corto, mediano y largo plazo. Aquí encontramos el tema transversal del "Derecho de los pueblos Indígenas a participar en la Toma de decisiones", tema que finalizará el Mecanismo de Expertos en el 201.
Les adjunto el enlace con la Secretaría de la UIP en Ginebra, para dar seguimiento a este proceso y mantenerse en contacto dicha Secretaría.
http://ipuchiapas.wordpress.com/2010/11/04/the-chiapas-declaration/
Be ai
Dad Neba
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