Javier Del Valle
Monagas Maita (*)
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| Contra estos carroñeros y sus herederos |
La justicia no es un ente pensante por si
mismo. Es una meta que se persigue mediante la creación de leyes. Mismas que se
convierten en herramientas aplicables con espíritu equitativo, indiscriminatorio,
objetivo, para disipar las desigualdades entre los seres humanos. Dada la dinámica social, las leyes pueden
amparar no solamente al hombre, si no también su entorno. Es decir la
naturaleza, los bienes, servicios, derechos colectivos, individuales, en
procura del objetivo final de la realización total de la felicidad humana.
Lamentablemente la aplicación de las leyes depende de los hombres, lo que hace
que la conciencia individual de estos influya en su aplicación, según sea la
conciencia y responsabilidad de cada cual.
Ciertamente que hay suficientes leyes
promulgadas para regular la conducta social humana en Venezuela, pero la
ineficiencia, maldad, desvío e intereses particulares hace que el espíritu de
éstas se quede en el papel. Así como el Estado venezolano, contaba con
suficientes herramientas para su funcionamiento teórico, en la práctica, fue
convertido por obra y gracias del clientelismo partidista y económico en una
pesada maquinaria incapaz de dar respuestas. Por lo que fue obligante para el
comandante Chávez imponer las misiones.
Hoy, ante el caos que trata de generar esa
misma fuente heredera del pasado obstruccionista. Legislar es un trabajo lerdo,
pues los mismos intereses del pasado sirven de pared contra la dinamización de
la vida nacional legal, por lo que el país se convierte en morrocoy
administrativo que permite a los vicios seguir siendo alcabalas del que hacer
publico, económico, educativo y social.
Ante tal perspectiva, es una necesidad que
la habilitación del Poder Ejecutivo para legislar directamente sobre asuntos de
corrupción, economía y seguridad nacional se hace imperioso, por parte del
Poder Legislativo. No es asunto de capricho o de vanidad, es cosa de necesidad
ante el desmedido interés de un sector de la oposición en conjunción con
algunos infiltrados en el proceso, que se han puesto al servicio de intereses
foráneos y que amenazan la seguridad, soberanía e independencia de la nación
Para nadie es secreto que contra
Venezuela, su pueblo y su proceso político se mueven intereses transnacionales
que ya han demostrado su disposición al genocidio en otras naciones y contra la
patria venezolana misma. Solo debemos recordar los suceso criminales del año
2002, 2003 y años siguientes hasta los días de hoy. Así mismo lo de Irak,
Libia, Siria, Afganistán, Panamá, Honduras, etc. La situación interna venezolana hoy, da señales de una fuerte actividad
conspirativa que apunta hacia el desconocimiento de los poderes legalmente
instituidos.
Es la obligación de todo gobierno serio y
responsable. Garantizar a la población en general: estabilidad, seguridad y el
libre ejercicio de sus derechos. Por lo tanto la mayoría de los diputados de la
Asamblea Nacional, tienen el deber constitucional y moral de velar por que la
justicia prevalezca en el país. En esa obligación es que tal, como la mismísima
constitución nacional lo establece, el
presidente de República puede y debe ser facultado para legislar en los temas
que especifica en su solicitud, a los fines de mantener la estabilidad y la
democracia en el país, así mismo para garantizar al pueblo su derecho a vivir
en paz. Art 203 CRVB.
El ataque frontal contra los elementos básicos de la vida ciudadana,
tales como alimentos, bebidas, servicios públicos, tranquilidad, salud, educación,
etc. En una madeja de complicidad entre sectores políticos, económicos,
nacionales y extranjeros; generan una coyuntura específica y deliberadamente
dirigida a resquebrajar toda estabilidad de gobierno nacional que requiere de
acciones especiales y de emergencia para poderlas neutralizar. Es en esas
circunstancias que la habilitación del poder que ejerce la ejecución de las
leyes y el orden nacional, debe ser facultado con carácter de urgencia para que
se posesione de las herramientas legales necesarias para el ejercicio de su
deber y esa herramienta es una ley habilitante. Solo así se derrotará la
maniobra extranjera criminal y a sus lacayos nacionales que pretenden poner a
Venezuela nuevamente de rodillas ante los saqueadores imperialistas de siempre
¡NO VOLVERAN!
(*) Abogado con patria
http://planetaenpeligro.blogspot.com/
lo que será
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