Javier del valle Monagas
Maita
Calles y Avenidas convertidas en prisiones a cielo abierto |
Si las rejas fueran la gran solución a la inseguridad, al robo, a los
vicios. Entonces Venezuela fuera desde hace muchísimos años un paraíso de
felicidad, pues desde aquella época en la cual Ultimas Noticias, por allá por
los finales de los setenta publicaba su famosa mancheta - cintillo “el Hampa
con el moño suelto”, como preámbulo a las fatídicas cifras de muertes en las
principales ciudades de Venezuela y especialmente en Caracas, el cerco en las
calles de Venezuela se impuso de forma acelerada. Aparecieron las famosas
urbanizaciones privatizadas con alcabala y todo. junto al negocion de las empresas de vigilancia privada
En los días presenta la violencia magnificada, promovida y
comercializada por la gran prensa, ha hecho que las calles de Venezuela se
conviertan en prisiones masivas de vecinos. Para ello, han contado con la
mediocre complicidad de Alcaldes de derecha y seudos revolucionarios, que a
diestra y siniestra conceden unos permisos inconstitucionales a cualquier grupo
de disociados. Que en unos, casos por razones de temor, en otros, por razones
de divismo y complejo de exclusividad mal concebida y en otras circunstancias
por conveniencia de unos consejos comunales desubicados y que hacen negocios
con los herreros que asumen la labor de encarcelar a los vecinos que pagan para
ello y obstruyen la libre circulación.
Si a esa calamitosa situación sumamos la de los criminales policías
acostados que son sembrados de la noche a la mañana, sin ninguna señalización
ni identificación preventiva. Que producen accidentes y muertes en las calles y
avenidas de Venezuela. Incluso es un desangramiento a los bolsillos de los
dueños de vehículos, que ven a diario como sus sistemas de dirección,
suspensión y estabilidad de los autos se les deterioran de forma violenta. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de San
Felipe - Yaracuy, el colmo llega a tanto, que incluso las vías rápidas de acceso de
emergencia de los hospitales av. la Paz, av. Ravell cuentan con unas murallas
horizontales impresionantes. El mismo e inepto gobernador debe pasar esas
murallas acostadas a diario y no hace nada contra ese mal. Pero el caos y el desorden no se quedan allí.
En las vías donde hay escuelas, liceos, universidades y discotecas privadas,
las calles y avenidas son virtualmente cerradas por los mediocres dueños de los
vehículos de los hijitos enfermos de papá y mamá que para evitar que sus
hamponcitos caminen unos cuantos metros, deben estacionar cerca de las salidas
de esas instituciones que a ver de verdad, parecen antros de corrupción y
violencia contra las normas de convivencia ciudadana. No existen
organismos de justicia y ley que pongan coto a todo ese caos urbano y
que atenta contra el colectivo que necesita llegar a sus casas a tiempo para el
descanso o para los quehaceres domésticos.
El problema no es de legislación, pues hay suficientes leyes para hacer
valer la seguridad, justicia y equidad. Es asunto de cumplimiento del deber de
los funcionarios y gobiernos electos para
cumplir funciones de gobierno y
garantía de paz colectiva. Ni fiscalía, ni Defensoría, ni Gobernación, ni
Policías, ni Cuerpos de Transito, ni Alcaldes, ni Concejales, ni CC. Es asunto
de ética, de moral y del sentido real del deber, más allá de los negocios por
debajo de cuerdas de esos funcionarios que se ocupan más de sus bolsillos y
comercios que de su responsabilidad. AQUÍ ME REFIERO A LOS QUE ANDAN EN ESAS
JUGADAS Y QUE EL PUEBLO CONOCE.
No es posible hacer revolución con anarquía. Es más, la base de la corrupción y de la
perversión capitalista radica precisamente en esa imposición anárquica que
violenta todos los derechos colectivos ciudadanos y da poder al que compra la
justicia y pone las instituciones a sus servicios particulares.
En tiempos de revolución, ni las instituciones, ni organismos oficiales
del estado deben ni pueden seguir comportándose como en los gobiernos
capitalistas o dictatoriales, pues ello, es la negación violenta de la
democracia popular o colectiva. El
acatamiento a la norma jurídica, es elementalmente básico para que una
revolución se consolide. Claro está, que esas normas y leyes deben ser
revisadas y en otros casos revocadas según sea su contenido discriminatorio, racista y elitista y sustituidas
por legislaciones democráticas, amplias y que sirvan de amparo a los derechos,
deberes y obligaciones colectivas, priorizando a lo colectivo, sobre el
individualismo, pero sin caer en la discriminación y desviación que favorezca
la flojera organizada, el divismo, la sinvergüencería y que pueda coartar la
iniciativa particular que motorice cambios y evoluciones humanas favorables a
todos.
No niego que durante estos catorce años de proceso bolivariano hemos
alcanzado muchas metas y cambios, pero de haber suficiente cualidad y calidad
revolucionaria esos logros o avances serian mayores y contundentes hasta
hacerlos casi imposible de retraer al pasado.
Tampoco desconozco el poder del enemigo. Pero insisto, que si un proceso
es popular y revolucionario, debe conceder al pueblo mayor poder de decisión y
ser más escuchado en sus reclamos y denuncias. Ante esa situación todos esos
funcionarios que obstruyan, condicionen y tergiversen el poder popular honesto,
deben ser destituidos y juzgados. Lo mismo y con mayor contundencia se debe
aplicar al sector privado que corrompa o promueva la corrupción. No puede haber
cárceles privilegiadas ni prisioneros
con privilegios
Venezuela es entonces cercada mediática, política y económicamente desde
el exterior por enemigos enfermos y enfermizos. Pero desde adentro también
tiene sus cercadores que hacen comparsa con los foráneos criminales y no les
importa vender al pueblo venezolano a cambio de migajas y míseros favores
imperialistas…
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lo que será
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